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Aquí no hay quien viva

mapa-politico-de-espanaLes guste o no a los independentistas, Cataluña es un 5ºB de un edificio. Algunos de los que residen ahí quieren irse y pretenden no pertenecer a la comunidad de vecinos. Quieren hacer un referéndum entre ellos para decidir si siguen en el edificio o se van. Su derecho a decidir, dicen. Pero por mucho que pataleen la decisión no les compete en exclusiva a ellos, como es natural, sino a todo el edificio. Es algo que les intentas explicar, pero que nunca entienden. Hablan de democracia, pero de una democracia sesgada, a medias. Quieren votar entre ellos solos y que el resto de la comunidad asista impávida a su proceso. Han estado durante los últimos treinta años tergiversando la historia del edificio, manipulando a los que allí residen y educando a las nuevas generaciones en el odio al resto de esta nuestra comunidad, mientras que se han aprovechado de las zonas comunes, han utilizado el ascensor o han jugado las competiciones deportivas que se han organizado.

Ahora se comparan con el edificio de enfrente, con el Reino Unido. Lo que no ven es que ese edificio son diferentes escaleras (o porterías) a diferencia del nuestro, en la que una se llama Inglaterra, otra Gales, otra Irlanda y otra Escocia. Las cuatro conforman el Reino Unido, y una de ellas, Escocia, ha votado para no seguir perteneciendo al conjunto. No sé si se me entiende el paralelismo. Ellos son cuatro países reunidos, cuatro escaleras, mientras que nosotros somos una. Ni siquiera el más independentista escocés o catalán permitiría que una de sus viviendas dentro de un mismo edifico decidiera por si misma su independencia, se pongan como se pongan. ¿O es que permitirían que Barcelona votase por independizarse de Cataluña o Glasgow de Escocia, por poner un ejemplo, sin contar con el resto del territorio?

Pero volviendo a nuestro edificio, creo que el 5ºB minusvalora la posibilidad de que el resto de vecinos en una votación les pudieran dar lo que ellos piden, la independencia, o sea. Convivir con unos vecinos así cansa y a muchos el hartazgo les supera, por lo que no sería sorprendente que un número elevado de vecinos del 2ºA o el 3ºD votaran a favor de que se fueran y de que les dejaran en paz. Y dejarles en paz consistiría, claro está, en que los del 5ºB ya no podrían utilizar las zonas comunes, ni usar el ascensor ni jugar las competiciones deportivas que se han organizado; ni siquiera favorecerse de los tratados que el edificio ha firmado con otros edificios, pues ya no pertenecerían a él. Si consiguieran la independencia tendrían que construirse su propia escalera (la de incendios) y entregar las llaves de la portería desde el minuto uno.

Mas esto es algo que, desgraciadamente, ocultan los inquilinos del 5ºB que desean separarse al resto que desean continuar en el edificio llamado España; como también les ocultan que por culpa de sus deseos separatistas durante tantos años han llevado al otrora próspero y moderno 5ºB a la decadencia y al oscurantismo. Y si no lo creen que miren las estadísticas de los índices económicos y comprueben como ese piso que era el primero en la mayoría de ellas ha pasado ahora a un segundo o un tercer plano por culpa de sus gobiernos nacionalistas y sus ansias de independencia. Así que mientras los demás pisos han avanzado, ellos han retrocedido, porque mientras los demás han dedicado todo su tiempo en mejorar cada día, ellos han despilfarrado parte de sus recursos en su paranoia separatista. Allá ellos. En fin.

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Referéndum. El derecho a decidir de todos los españoles

Instituto Juan de Mariana

Ángel Fernández (Instituto Juan de Mariana) . Hemos analizado en artículos anteriores la involución institucional y la desigualdad ante la ley que han forjado una jaula de hierro en torno a los ciudadanos que se sienten impotentes ante la imposición de políticas intervencionistas por 17 oligarquías autonómicas o, si se prefiere, por 17 élites extractivas regionales en su intento de acaparar el máximo poder político y económico empleando los estatutos y leyes autonómicas, los impuestos y el endeudamiento de las generaciones futuras para «guiar« la sociedad a favor de utopías que esconden los intereses de la casta política regional.

El nacional-separatismo ha utilizado tácticas totalitarias para el control de la sociedad civil por medio del adoctrinamiento en las escuelas, la universidad y los medios de comunicación. Las oligarquías de élites extractivas autonómicas han jugado con los sentimientos tribales de la población (familia, pueblo, lengua, cultura y territorio) y con el miedo psicológico a la libertad (I) y (II), «guiando« hacia la fractura social de cada región; separando en vez de uniendo entorno a un futuro común, discriminando y estigmatizando a los ciudadanos, divididos en primera, segunda y tercera categorías en función de su grado de adhesión a los intereses políticos y económicos de la élite extractiva autonómica ([1][2][3][4][5][6]).

Pues bien, ante el actual desafío secesionista, que va consumiendo etapas para intentar desmembrar la convivencia pacífica entre las regiones que conforman España, hay que recordar varios hechos jurídicos irrefutables:

  • La Ley básica en España es la Constitución, que fue ratificada por la inmensa mayoría de españoles el 6 de diciembre de 1978 y que sirve como contrato que debe regular la convivencia pacífica entre todos los españoles.
  • El Artículo 1.2 CE legisla claramente que: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».
  • El Artículo 2 CE determina: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
  • El Artículo 14 CE legisla que: «Los españoles son iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Dicho lo cual, conviene constatar los graves problemas de convivencia y de crecimiento del tamaño del Estado que ha generado la errónea redacción del Título VIII que permitía la instauración de la organización territorial en Autonomías caracterizada por la corrupción generalizada ([1][2][3][4][5][6]) con hasta 1661 casos por toda la geografía española, la irresponsabilidad presupuestaria ([7][8][9]), la irresponsabilidad tributaria ([10][11]), y los excesos normativos ([12][13]) desde 17 parlamentos autonómicos que desvertebran el poder legislativo y son responsables en gran medida de las más de 100.000 leyes, decretos y normas que se publican cada año en España.

Si hay que construir, ordenar y poner en marcha una gran política nacional basada en los principios constitucionales, sólo hay una opción moral posible que es afrontar el desafío separatista y dar la palabra y el voto a todos los ciudadanos españoles para que decidan en un referéndum cómo solventar el problema de organización territorial de España.

Es decir, la fractura social a la que han conducido el nacional-separatismo de las Autonomías, y la inacción de los gobiernos centrales, sólo puede superarse políticamente por la decisión mayoritaria de todos los españoles. No se requiere un referéndum para jugar al juego de los intereses de la oligarquía independentista y confirmar que Cataluña es una parte fundamental de España; algo que es obvio a lo largo de la historia y que, en aplicación del artículo 1.2, sólo podría decidirse entre todos los españoles que sufragamos con nuestros trabajos, compras e impuestos el presupuesto público de la Generalitat pero que, aplicando el artículo 2 de la Constitución, es legalmente imposible.

Evidentemente, sí se requiere un referéndum sobre las políticas fundamentales para garantizar el crecimiento económico, la cohesión territorial y la convivencia pacífica, de modo que todos los españoles decidan: A) cómo limitar y fijar las competencias autonómicasB)cómo garantizar una financiación equilibrada y responsable y, también, C) cómo exigir elcumplimiento de la Ley por las autoridades y funcionarios autonómicos.

Aplicando elartículo 92 CE, un referéndum que convocase a las urnas a todos los españoles con derecho a voto, podría ser capaz de restablecer la convivencia pacífica e impulsar la normalidad democrática que intentan romper los secesionistas. Es decir, muchos ciudadanos entendemos que sólo un referéndum puede mejorar la legalidad vigente, frenar el nacional-separatismo y hacer prevalecer las reglas de la Ley vigente con el poder de la mayoría del censo electoral de España. Por ejemplo, por medio de las siguientes siete preguntas:

  1. ¿Quiere Ud. que se fijen las competencias de las Comunidades Autónomas en el artículo 148  y que se suprima el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución que permite la transferencia o delegación de competencias? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que la educación vuelva a ser una competencia exclusiva del estado central en el artículo 149 de la Constitución, siempre que se garantice el aprendizaje en el idioma vehicular que prefieran los alumnos, tanto en español como en euskera, gallego, catalán o valenciano? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que la sanidad vuelva a ser una competencia exclusiva del estado central en el artículo 149 de la Constitución de modo que se ahorren costes y se garanticen prestaciones de calidad en todo el territorio nacional? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que el artículo 148 explicite en un nuevo apartado que cada Comunidad Autonómica cuente con un Gobierno Autonómico y se supriman los Parlamentos Autonómicos para reducir gastos, disminuir el exceso de legislación, y evitar duplicidades y barreras comerciales en España? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que cada Comunidad Autonómica cuente con sus propios ingresos tributarios con un sistema fiscal equilibrado, aplicable en todas las regiones de España y que permita sufragar los gastos de la administración y el gobierno autonómicos? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que se apliquen cupos fiscales en el País Vasco y en Navarra? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que se aplique el artículo 155 de la Constitución para que puedan ser destituidas y, en su caso, procesadas penalmente aquellas autoridades y/o aquellos funcionarios de una Comunidad Autónoma que no cumplan las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan? (Sí/No)

Un Estado de Derecho, digno de tal nombre, no puede mantenerse impasible y tolerar el incumplimiento de la Constitución, las leyes y las sentencias de los tribunales por parte de las Comunidades Autonómicas. Y una democracia parlamentaria no debe permitir un desafío secesionista que intenta imponerse a la mayoría de los ciudadanos por unas oligarquías regionales, ávidas de más poder, más corrupción y más control sobre la población.

Por un lado, el Gobierno no ha recibido el mandato del pueblo para doblegar la soberanía nacional ante los deseos del secesionismo, por más que insista la propaganda de los partidos nacional-separatistas de Cataluña o del País Vasco. Si el Gobierno accediese a las pretensiones secesionistas, se estaría infringiendo la legalidad vigente, dado que no está contemplado en la Constitución, que es la Ley básica que establece el marco jurídico e institucional válido en España.

Por otro lado, un Gobierno de España no debería tolerar por más tiempo que exista desamparo de los ciudadanos en municipios y regiones, donde son discriminados por no someterse a los deseos de la oligarquía de élites extractivas nacional-separatistas.

Contestando a las siete preguntas anteriores, por medio de la soberanía nacional de la mayoría de todos los españoles, se dotaría de certidumbre al ordenamiento jurídico y se renovaría la validez de la Constitución Española de 1978 para las próximas generaciones. Un Gobierno con mayoría absoluta sería capaz de sacar adelante los cambios normativos, aplicando el artículo 167 de la Constitución.

En definitiva, son todos y cada uno de los ciudadanos de España los que deben decidir sobre el futuro de la nación más antigua de Europa y las oligarquías no deben imponer políticas de hechos consumados con sus negociaciones entre bambalinas, su corrupción, su hipocresía, su inmoralidad y el miedo acérrimo que sienten a que sean los propios ciudadanos los que decidan; porque es en ellos donde reside la soberanía nacional, según el artículo 1.2 de la Constitución.

 

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Wert, el réprobo

El Estado no tiene derecho a dirigir la educación para impulsar sentimientos nacionales, ni visiones de la historia, ni rasgos culturales, ni lenguas concretas. Ese derecho, como otros, nos fue expropiado indebidamente por el Estado a sus legítimos potestatarios. Uno de los ejemplos del desastre de tal expropiación lo tenemos en el nacionalismo, que tiene a la educación como su principal arma para que la metástasis del tumor independentista que padecen llegue al mayor número de personas. Y treinta años de adoctrinamiento continuado no pueden ser obviados. El Estado debe quitar sus zarpas de la educación, sí, pero antes tiene que arreglar su propio desaguisado. Aquí todos tenemos que jugar con las mismas cartas. Por eso estoy con Wert, a quién los socialistas quieren, como mínimo, reprobar, por unas palabras que en condiciones normales hubieran suscrito. Pero ¿qué dijo Wert para tanto revuelo? ¿Se ha leído alguien su contestación parlamentaria? :

“..No me va a convencer porque ya estoy convencido, no porque no pueda ser convencido. Es una lengua que siendo madrileño amo como una lengua española más y hablo y leo, y me parece que lo que en términos legales, jurisprudenciales y constitucionales se ha admitido respecto al catalán es perfectamente válido; ahora, yo estoy hablando de una cosa muy distinta, estoy hablando de hacer efectivo un derecho que tiene amparo legal y amparo constitucional y amparo jurisprudencial y es que aquellas familias que quieran que sus hijos se escolaricen en castellano tengan todo el derecho de hacerlo. Y me da igual que sea una, que sean diez, que sean cien, que sean mil o que sean diez mil porque es una cuestión de libertades y, como digo, al Gobierno le corresponde hacer efectivo ese derecho. Punto número uno. (Aplausos).

Punto número dos. Señor Vallès, es tan cierto que hay elementos en el sistema educativo —por cierto, elementos que trajeron ustedes durante el tiempo del tripartito— que, por ejemplo, en segundo de bachillerato lo que en el decreto de enseñanzas mínimas común y de aplicación en toda España se llama Historia de España, en Cataluña, según el decreto de un conseller que entonces era de su partido, se llama Historia, y en él la historia de España tiene menos rango que en Cataluña. Y la señora Rigau, que no es de su partido, que es de Convergència, ha dicho el otro día que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Lo dijo, y no con ánimo de elogio. Pues sí, nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes (Aplausos) y que tengan la capacidad de tener una vivencia equilibrada de esas dos identidades porque las dos les enriquecen y les fortalecen. (Rumores.—Aplausos.-El señor Campos Arteseros: ¡Tiempo!). Y en esa línea, señor diputado, vamos a continuar. (Aplausos).”

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-64.PDF